HISTORICO
FALLO..................SE HACE JUSTICIA CON NUESTRO PUEBLO
Consejo de Estado, por primera
vez, reconoce como víctima a un municipio por hechos de hace 17 años
Una carta escrita por Jairo Correa, personero de Ituango (Antioquia), en la que
anticipó a un oficial de la Cuarta Brigada del Ejército la toma del municipio
por las Farc, terminó 17 años después como prueba reina en una sentencia del
Consejo de Estado que condenó a la Nación y ordenó, por primera vez, indemnizar
a un pueblo y su alcaldía.
El personero escribió la carta el 5 de diciembre de 1994. El correo estaba
dirigió al coronel Lino Sánchez Prado (condenado en el 2005 a 40 años de cárcel
por la masacre de Mapiripán), a quien le advertía que esa iba a ser la cuarta
incursión guerrillera al pueblo en menos de siete años y le pedía apoyo.
La respuesta de la Cuarta Brigada al Personero fue el retiro de una base
militar que funcionaba cerca del aeropuerto local. Mes y medio después 400
guerrilleros de seis frentes de las Farc se tomaron el pueblo, redujeron a los
18 policías que permanecían en la estación, saquearon dos bancos, destruyeron
el palacio municipal y mataron a tres personas.
Esta actuación de la Fuerza Pública constituyó una falla del servicio,
consideraron los magistrados de la Sección Tercera del alto tribunal. "La
Policía y el Ejército --que ostentaban la posición de garante de la seguridad
del pueblo-- conocían la situación de riesgo o peligro que pendía sobre la
población y, en general, sobre el municipio de Ituango antes de la incursión
guerrillera de los días 5 y 6 de marzo de 1995", señala el texto del
fallo.
Pueblo estigmatizado
Pero lo novedoso de la decisión del Consejo de Estado es que, por primera vez,
un municipio demanda por reparación a otra entidad pública (Ministerio de
Defensa) y esta reclamación se concede.
La decisión -que acogió una ponencia del magistrado Enrique Gil Botero-
reconoció que el Estado tiene, "inclusive, frente a las mismas entidades
públicas, un deber de protección, de seguridad y de promoción de las garantías
constitucionales".
Sin embargo, la indemnización que ordena para Ituango es de 46 millones de
pesos, el equivalente hoy a los 12 millones de pesos que se invirtieron en la
reconstrucción del palacio municipal.
Ese dinero, dijo el actual alcalde de Ituango, Jaime Montoya, servirá para
hacer algunos arreglos locativos a la centenaria casa de doña Alicia Arango de
Villegas, matrona del pueblo que hace 38 años vendió al municipio para que
fuera la sede de gobierno local.
Pero aún no sabe cómo financiar los colegios y centros de salud que, por causa
de la guerrilla y el paramilitarismo, están abandonados o destruidos.
La toma fue apenas el principio de una espiral de violencia que aún no termina,
aseguró Montoya. Año y medio después, en ocrtubre 1997, los paramilitares
llegaron, estigmatizaron al pueblo de guerrillero y cometieron masacres como la
de El Aro.
Y esa situación sigue igual. Los momentos de tensión que soportó Montoya hace
17 años, hoy los sigue experimentando como alcalde. Según él, en sus manos
tiene un pueblo que sigue sitiado por las Farc y por las bandas criminales, que
usan la zona como corredor para traficar droga.
La Toma
A Montoya lo cogió la toma en pleno parque principal de Ituango. Eran las 9:30
de la noche y lo acompañaba su esposa, que estaba embarazada.
Lo único que no se sabía era la hora y la fecha exacta de la toma, pero el
rumor corría por todo el pueblo. "Como era jefe de Planeación del
municipio todos creían que sabía cuándo se iba a meter la guerrilla",
contó el actual alcalde.
Él recuerda que días antes de los hechos la Policía detuvo a varias personas
que nunca se habían visto en el pueblo y que simulaban ser vendedores
ambulantes pero quedaron libres por falta de motivos. Después se comprobó que
eran guerrilleros haciendo inteligencia.
El alcalde que estaba en ese momento, José Milagros López --y que terminó
secuestrado por las Farc junto con el Personero--, alertó a la Gobernación pero
jamás obtuvo respuesta. Con la Policía, incluso, precisaron el objetivo de la
guerrilla: destruir el edificio donde funcionaba la estación y que no habían
podido derribar en las tres incursiones anteriores, señala el expediente del proceso
en el Consejo de Estado
"Era ampliamente
conocido por la Fuerza Pública la situación de desprotección en que se hallaba
la citada entidad territorial (...). Se dejó a la población de Ituango a merced
del grupo armado ilegal, tanto así que fueron múltiples los execrables ataques
bélicos de que fue objeto la población y las instituciones públicas y privadas
localizadas en ese municipio, concluyó el Consejo de Estado en el fallo.
