Viernes, 02 de Marzo de 2012 08:04
Autoridades civiles y educadores del municipio de Ituango reclaman
respeto del Derecho Internacional Humanitario y resoluciones del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas sobre el derecho de los niños y las niñas a no ser
vinculados al conflicto armado
MinDefensa_en_ItuangoEl
pasado 5 de febrero, promoviendo una jornada de desmovilización en el municipio
de Ituango, el ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que “esta región
siempre ha sido afectada por la presencia del Frente 18, de la columna Mario
Vélez de las FARC, y por eso estamos entrando con toda la fuerza y toda la contundencia”.
Lo que olvidó explicar es que para lograr tal objetivo recurrirían a métodos
como el reemplazo de la acción cívica por la acción militar, encuestas para
recabar información con eventual valor en informes de inteligencia,
señalamientos directos hacia quienes no aceptan modelos de adoctrinamiento para
los jóvenes, espacios formativos para tratar –supuestamente– asuntos como la
Ley de Infancia y Adolescencia y el embarazo adolescente.
Y tal parece que olvidó, también, que ya en 2005 el Ministerio de Defensa
manifestaba su preocupación por los menores en contextos de conflicto armado y
recomendaba en la directiva No. 500-2 de ese año que “el Ejército Nacional se
abstenga de promover la participación de los niños en actividades
cívico-militares, como visitas de estudio a bases militares o la organización
de eventos militares en las escuelas, ya que esta participación compromete uno
de los principios del derecho humanitario, la distinción entre población civil
y combatientes, y expone a los niños a posibles represalias de los miembros de
los grupos armados ilegales”.
Pese a esta y a las posteriores recomendaciones que daba en el mismo sentido el
Secretario General de Naciones Unidas sobre los niños y el conflicto armado en
Colombia, el Ministro y el Ministerio persisten en las mismas prácticas que
atentan contra el derecho de los niños y las niñas a no ser vinculados al
conflicto.
Ituango, escenario de confrontaciones
El Municipio de Ituango, ubicado en el extremo norte del departamento de
Antioquia, es un escenario rico en recursos minero energéticos, que además
permite acceso a los departamentos de Córdoba y Chocó, razón por la cual es un
importante epicentro del conflicto armado en Colombia. En él han hecho
presencia el falazmente desmovilizado Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC), los frentes 18 y 36 de las FARC, y unos dos mil hombres del
Ejército.
Las confrontaciones, los desplazamientos forzados, la tensión permanente y el
terror, por tanto, son lastres que se enquistan en la vida de sus habitantes, a
quienes les ha quedado claro que su seguridad radica en establecer distancias
con cualquiera de los grupos armados, legal o ilegal, haciendo uso de las
defensas del Derecho Internacional Humanitario a través del principio de
distinción y de las resoluciones 1612 de julio de 2005, 1882 de 2009 y 18892 de
2011 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Desafortunadamente los funcionarios del Ministerio de Defensa no lo comprenden
de la misma forma e intentan vincular a la población a sus actividades. Dos de
los proyectos que la Institución Educativa Pedro Nel Ospina y la Asociación de
Mujeres Ideales enviaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y
a la Alcaldía Municipal, respectivamente, en lugar de ser financiados por estas
instituciones civiles, recibirían recursos del Ministerio de Defensa, portarían
sus logos y sus miembros quedarían indefensos ante las retaliaciones de la
guerrilla (LEER CARTA DE RECTORA DE LA I.E. AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA).
Por otro lado, integrantes del Ejército han venido convocando a reuniones
dentro de los colegios, a los estudiantes de últimos grados para tratar temas
como la drogadicción, la prevención de embarazos no deseados que, en últimas,
no se trabajan porque, por un lado, el personal militar no tiene la preparación
para enfrentarse a estos asuntos polémicos y sensibles y, por el otro, pueden
ser una simple cortina de humo que encubre el interés de difundir posiciones
militaristas entre los jóvenes.
A ello se suma una encuesta contratada por el Ministerio de Defensa que
pretendía conocer las percepciones de los jóvenes y los maestros sobre el
conflicto en la zona. Hacia sus ideas sobre la Fuerza Pública y la guerrilla se
enfocaban las preguntas que responderían quienes recibieran 20.000 pesos por
dejarse encuestar.
El broche de oro ha sido, indudablemente, la estigmatización de la que son
víctimas quienes se oponen al uso de estos mecanismos: las directivas de la
institución académica, los maestros, padres de familia y autoridades
municipales, que temen por su seguridad y la de los jóvenes del municipio,
especialmente los que viven en las áreas rurales, más aún tras el peligroso
comentario de un Coronel del Ejército que dijo, con respecto a las discrepancias
evidenciadas durante una reunión, que éstas eran “un triunfo de la guerrilla”.
Esta serie de acontecimientos no pueden más que encadenarse a las amenazas,
detenciones masivas de personas y demás violaciones a los Derechos Humanos de
los habitantes de Ituango durante el desarrollo de la Política de Seguridad
Democrática, que hoy se encuentra en la etapa de consolidación.
Y obliga, por tanto, a las instituciones académicas de todo el país, a las
organizaciones sociales nacionales e internacionales, y a la sociedad civil, a
cuestionarse sobre la práctica y el respeto de los Derechos Humanos y de los
principios del Derechos Internacional Humanitario por parte de las
instituciones armadas del Estado, quienes intervienen en los procesos
curriculares y formativos con respecto a diversos temas de interés para los
estudiantes, y aprovechando las dificultades financieras de los centros de
formación, intentan reemplazar a las instituciones civiles del Estado
ofreciendo recursos para la financiación de proyectos.
Para mayor información comuníquese con:
María Victoria Zapata
Rectora
Institución Educativa Pedro Nel Ospina.
Teléfono 314 731 95 98
Liliana Uribe Tirado
Abogada
Corporación Jurídica Libertad
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